Los problemas de liquidez que sufren las empresas no cesan y los últimos datos de la Agencia Tributaria señalan que, de enero a julio, Hacienda recibió solicitudes de aplazamiento de impuestos por 11.902 millones. Si se mantiene este ritmo, se alcanzarán los 18.000 millones al cierre del ejercicio. Se trata de una cifra inédita y que, por ejemplo, supera la previsión de ingresos por el impuesto sobre sociedades para todo 2012.
cincodias.com - Madrid - 17/09/2012
La Agencia Tributaria nunca había recibido tantas solicitudes por parte de las empresas para postergar el pago de impuestos. Ello evidencia que las dificultades de tesorería no solo no remiten, sino que se están incrementando. Cuando una empresa llama a la puerta de Hacienda para pedir ayuda significa que su situación es crítica. Entre enero y julio se registraron 1,3 millones de solicitudes para postergar el pago de 11.902 millones en impuestos, un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior.
De mantenerse esta tendencia, los aplazamientos alcanzarán en diciembre los 18.000 millones, cifra que representa el 1,7% del PIB. Para entender la magnitud de esta cifra, basta apuntar que el importe solicitado superará, previsiblemente, la recaudación anual del impuesto sobre sociedades, tributo que grava los beneficios empresariales. Junto a Hacienda, la Seguridad Social también está recibiendo peticiones para demorar el pago de las cuotas sociales. Entre enero y mayo, las empresas han solicitado aplazar 1.836 millones. En todo 2007, el importe no alcanzó los 800 millones.
Fuentes de Hacienda aseguran que la Agencia Tributaria es sensible a los problemas de liquidez y, en la medida de lo posible, trata de ayudar a las compañías. La legislación actual permite que las compañías pidan, sin necesidad de presentar un aval, un aplazamiento de impuestos de hasta 18.000 euros. En estos casos, se aplica el interés de demora, que actualmente se encuentra en el 5%. Si la compañía entrega algún tipo de garantía, el coste se reduce al 4%, nivel vigente del llamado tipo de interés legal del dinero.
La mayor parte de solicitudes para retrasar el pago de impuestos afectan al IVA, cuyo tipo general acaba de subir del 18% al 21%. El Gobierno aún no ha cumplido su promesa electoral para que las empresas puedan pagar el IVA en el momento de cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando se emite. El problema en un entorno de alta morosidad es que muchas compañías se ven obligadas a abonar en la Hacienda pública un IVA que no han cobrado. El caso todavía es más flagrante cuando el mal pagador es una Administración pública.
Por otra parte, la Agencia Tributaria está logrando cifras récord en la lucha contra el fraude. Entre enero y julio, se descubrieron 6.415 millones, un 15,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el Congreso aprobará este ejercicio endurecer la normativa para combatir el fraude. La medida más llamativa es la prohibición de los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. Con ello, se intenta reducir la economía sumergida y acabar con el tradicional "con IVA o sin IVA". También se elevará el control sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero.
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